La inversión en I+D en España se situó en torno al 1,25% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2019, tan solo una centésima más que en el año anterior. Para hacer frente a esta situación, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha presentado una reforma de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación para conseguir establecer a España como país puntero en investigación y desarrollo.
Las claves de esta nueva ley, que modifica la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, tiene tres objetivos principales:
- Conseguir una carrera científica atractiva, predecible y estable. En este sentido se busca modernizar la contratación de empleados públicos que reduzca la precariedad y temporalidad de los científicos en España, evitando la fuga de talento que cada año se produce. Para ello se pondrá en marcha el sistema desarrollado por EEUU y Canadá, basado en el modelo “tenure track” que consiste en la contratación fija sujeta a valoración externa.
- Apuesta por la transferencia de conocimiento. Con esta reforma se busca conseguir que las investigaciones realizadas por los investigadores españoles lleguen a la sociedad. Para ello se va a facilitar la generación directa de sociedades start-up derivadas de resultados de la investigación, o la orientación de las Oficinas de Transferencia del Conocimiento hacia el mercado.
- Integración de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs). Se ha propuesto la integración del IEO, el INIA y el IGME en el CSIC, con el objetivo de mejorar la gestión y las capacidades científicas y de asesoramiento de los OPIs y conseguir así una mayor eficiencia, eficacia y calidad.